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La extradición existe desde los tiempos de Ramsés II, en 1280 antes de Cristo. El primer tratado fue firmado entre este faraón y el rey Hattusili de Siria, con claras intenciones políticas.



Hoy en día la mayoría de los países reconocen y firman tratados de extradición bilaterales que les permite juzgar a criminales que hayan buscado refugio en otros países para evitar el castigo por sus crímenes.



En Sur América, con la excepción de Brasil, todos los países reconocen la figura legal de la extradición. Colombia es uno de ellos y hace algunos años firmó un tratado con los Estados Unidos para extraditar de Colombia a los colombianos o a los norteamericanos que hubiesen cometido delitos en territorio americano y de los EE UU a los americanos o colombianos encausados por Colombia.



Desde el principio de las discusiones del tratado hubo encontrados conceptos sobre la bondad o el perjuicio de aprobarlo. De hecho, la extradición fue el detonador de la sangrienta guerra de los narcotraficantes, que costó tantas vidas, contra el estado y fue, también, el origen de parte de la inseguridad que hoy sufrimos.



Afortunada o infortunadamente el tratado se aprobó y está siendo respetado y aplicado al pie de la letra por el gobierno Uribe. En su cumplimiento, llegó, el fin de semana pasado a Miami, el reconocido narcotraficantes jefe del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela.



Rodríguez es acusado en un tribunal de Miami de haber conspirado para enviar droga a este país después de 1997, si es así bienvenida su extradición y reconocemos el derecho que tiene el gobierno americano de juzgarlo y condenarlo si ese es el caso.



Otra cosa sería si los delitos a él imputados fueron cometidos en Colombia. No sería aceptable de ninguna manera que por delitos cometidos en otro país, los EE UU fuesen a juzgar a alguien. No vemos la competencia para que un juzgado de Miami, enjuicie al narcotraficante que comete su delito en los Llanos Orientales de Colombia. La justicia colombiana debería juzgarlo, condenarlo y llevarlo a prisión en nuestro país.



El aceptar que nuestros jueces son incapaces de impartir justicia y que nuestras cárceles son inseguras para que cumplan condena los culpables de delitos es una afrenta para el país. Es cierto que nuestra justicia tiene fallas, cojea, pero esa no es excusa para que el gobierno ceda su soberanía y envíen en extradición a personas que cometieron sus delitos en Colombia.



El Perú, Fujimori, juzgó a Abimael Guzmán, jefe del sangriento Sendero Luminoso, lo condenó a cadena perpetua y todavía, después de 15 años, está preso.



En Colombia también hay muchos guerrilleros y narcos purgando largas condenas, entre ellos Simón Trinidad y los mismos Rodríguez Orejuela Esto demuestra que si podemos castigar a nuestros delincuentes y de que no hay necesidad de ceder nuestra soberanía.



Al analizar la situación de la extradición debemos tenerle en cuenta el tipo de filosofía legal que cada país sostiene. El derecho colombiano está basado en el derecho romano y el de EE UU en el sajón. En Colombia se hace justicia de acuerdo a los códigos, aquí de acuerdo al concepto y a la voluntad de los jueces. Ambos sistemas son falibles, pero nuestra educación y cultura nos hace considerar nuestra justicia mejor, por lo menos -ojo- en principios y procedimientos.



La justicia en EE UU también se equivoca y con frecuencia hemos visto condenados a muerte que después de muchos años los liberan, porque su juicio no fue justo o no había pruebas suficientes para condenarlo.



La manera en que se trata en las cortes a los acusados es humillante en el mejor de los casos y como si esto fuera poco, el valor de la defensa es incosteable aun para la mayoría de los americanos: el costo de cualquier defensa es astronómico y los abogados ganadores son aquellos que más prensa tienen y lógicamente, los que mas cuestan.



Unos ejemplos: ¿hubiese sido absuelto O.J. Simpson de haber tenido otro abogado? En todos nosotros quedó el sabor amargo de que no se había hecho justicia. ¿Acaso el coronel del ejercito americano, miembro de la delegación americana en Colombia, encargado de coordinar la lucha contra el tráfico de droga, que ayudó a su mujer a enviar heroína en el correo diplomático, fue condenado adecuadamente cuando se le impusieron solamente seis meses de cárcel y habrían condenado con la misma pena al chofer colombiano que los ayudo de haber sido extraditado?



¡No!, sencillamente no a las dos preguntas. Al chofer lo hubieran condenado a 30 años de prisión sin derecho a parole, ni a reducción de pena por trabajo y buena conducta



Si la justicia allá y acá son muy parecidas en su efectividad, no veo la razón para que el gobierno colombiano, tratando de quedar bien con el gobierno Bush, o antes con el de Clinton, aplique el tratado de extradición a ciudadanos colombianos que no hayan cometido delitos en EEUU. La extradición debe ser para los que cometan delitos aquí, y en caso de que se siga extraditando connacionales por esta causa, el gobierno colombiano debe pedir seguridades al gobierno americano de que los colombianos serán castigados con la misma severidad que se castiga a los americanos en otras palabras no debemos permitir que se discrimine a los colombianos castigándolos con mayor severidad que a los norteamericanos que hubiesen cometido delitos iguales o semejantes.



Nosotros no somos los únicos malos en este criminal negocio, la responsabilidad es por igual de los que producen la droga y de los que la distribuyen y la consumen.



La premisa básica, que nuestro gobierno debería exigir en la aplicación del tratado de extradición, tendría que ser justicia y equidad. Justicia que garantice los derechos de los extraditados y equidad en las penas impuestas. No podemos aceptar sentencias parcializadas contra los acusados por el solo hecho de ser colombianos.